España es un país Mediterráneo y tiene vocación y conciencia de mediterraneidad. Este espacio supone una de las prioridades en la definición y articulación de nuestra Política Exterior.
La importancia que España otorga al Mediterráneo es proporcional al grado de complejidad que han adquirido nuestras relaciones institucionales con la región, que podríamos dividir en tres niveles.
Primero, a nivel multilateral regional destaca la Asociación Euromediterránea, conocida como Proceso de Barcelona (PB) y secundariamente las reuniones ministeriales informales, más reducidas en el seno del Foro Mediterráneo. En segundo lugar, a escala subregional, cabe insistir en la importancia del Diálogo 5+5 en el Mediterráneo Occidental; y en tercer lugar y a escala bilateral, debemos reseñar la importancia de las relaciones privilegiadas con nuestros vecinos más próximos con los que mantenemos Acuerdos de Amistad y Cooperación.
Por todo ello, la política exterior de España en el Mediterráneo puede definirse por:
- apoyo a la política multilateral regional de la UE,
- prioridad a la relación sub-regional en el mediterráneo occidental,
- cooperación al desarrollo y fomento de las relaciones económicas
- búsqueda de la paz y de la estabilidad en la región, con especial empeño en el Proceso de Paz de Oriente Próximo y en la cuestión del Sáhara Occidental.
Desde nuestra plena integración en las entonces Comunidades Europeas en el año 1986, España viene trabajando para que el interés que para nosotros tiene el Mediterráneo sea también el interés de Europa en su conjunto.
Tras el impulso dado al Proceso de Paz por la Conferencia de Madrid de 1991, bajo presidencia española de la UE se celebró la Conferencia de Barcelona de 1995, donde nació la Asociación Euromediterránea.
En la actualidad, esta Asociación, que engloba a los 27 miembros de la UE y a Argelia, Egipto, Jordania, Israel, Líbano, Marruecos, ANP, Siria, Túnez y Turquía (siendo Libia observadora) constituye un ejemplo único de cooperación regional y un Foro insustituible de diálogo y creación de confianza recíproca.
El objetivo general de la Asociación Euromediterránea (AEM) fue y sigue siendo, como reza la Declaración de Barcelona de 1995, “hacer de la cuenca mediterránea un ámbito de diálogo, intercambio y cooperación que garantice la paz, la estabilidad y la prosperidad, para lo que se precisa consolidar la democracia y el respeto de los derechos humanos, lograr un desarrollo económico y social sostenible y equilibrado, luchar contra la pobreza y fomentar una mayor comprensión entre las diferentes culturas.”
Varios acontecimientos llevaron a España a promover su creación, pero sin duda el más significativo fue –junto a la necesidad de reequilibrar la política exterior europea hacia el Mediterráneo, en un momento de expansión hacia el Este- el clima favorable creado en la región por la Conferencia de Madrid de 1991 y los Acuerdos de Oslo de 1993. Esta coyuntura permitió en su momento imaginar la posibilidad de recoger los dividendos de la paz mediante una arquitectura insitucional singular. Ello facilitó el diseño común de una aproximación omnicomprensiva para tratar de afrontar con garantías y de manera constructiva el futuro de la región mediterránea.
La AEM es una asociación compleja, que combina la dimensión regional y la bilateral. Los tres “capítulos” clásicos (político y de seguridad, económico y financiero y socio-cultural) junto con el nuevo capítulo sobre migraciones, integración social, seguridad y justicia cubren prácticamente todas las esferas de la cooperación: desde cuestiones políticas a cuestiones comerciales e industriales, pasando por los aspectos sociales y culturales y los movimientos de población. Tanto para la cooperación regional como para la bilateral, que se desarrolla a través de Acuerdos de Asociación, la UE ha puesto a disposición de los países de la ribera sur una serie de instrumentos de Asistencia Ténica y Financiera que han transferido hacia la región unas cantidades cercanas a los 9.000 millones de euros en donaciones procedentes del presupuesto europeo y más de 15.000 millones de euros procedentes del Banco Europeo de Inversiones a través de la Facilidad Euromediterráneo de Inversión y Asociación o FEMIP en sus siglas francesas.
La AEM, también conocida como Proceso de Barcelona (PB) responde a una decisión común de todos los países del entorno mediterráneo (la UE y los de la ribera sur). Impulsada desde sus inicios por España, constituye un modelo único de cooperación regional y durante estos años ha sido un foro de diálogo, concertación y cooperación permanente. Ha permitido la consolidación de una relación cada vez más estrecha que ha culminado con la creación de novedosas instituciones comunes, impulsadas por España (Ministerial de Valencia de 2002), como la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM) y la Fundación Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas, esta última única institución jurídica del Partenariado, sita en tierra árabe, concretamente en Alejandría y en la que participan todos los socios del Partenariado, incluido Israel.
El PB es un proceso novedoso en sus objetivos y en su metodología. Incorpora una dinámica de regionalismo abierto que supone un ejemplo concreto de multilateralismo eficaz. En su dimensión económica, el PB tiene la virtud de incorporar el objetivo de la creación de una zona de libre comercio para la región mediterránea que permita impulsar los intercambios en la región y robustecer las economías del sur de cara a los desafíos de la globalización.
El PB no es sólo y simplemente un mecanismo de cooperación multilateral sino un modelo de participación regional abierto y ambicioso en el que los europeos y sus socios mediterráneos han visto la forma de afrontar juntos y mejor los desafíos de la globalización.