Diecinueve de febrero de 2010. Con el depósito el día 16 de febrero del trigésimo instrumento de ratificación de “Convención sobre municiones de racimo” ante el Secretario General de Naciones Unidas por parte de Burkina Faso, empieza la cuenta atrás para la entrada en vigor el 1 de agosto de 2010, de este nuevo instrumento del Derecho Internacional Humanitario por el que se prohíbe una categoría completa de armas convencionales cuyo uso tenía un impacto inaceptable para la población civil en situaciones de conflicto y post-conflicto.
España desea celebrar este hecho, por cuanto nuestro país ha sido un activo participante en el proceso de negociación, firmando la Convención el día que se abrió a la firma, el 3 de diciembre de 2008 en Oslo. Desde ese mismo momento se dieron los pasos necesarios para asumir los compromisos de la Convención sin esperar a su entrada en vigor.
Por un Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de julio de 2008, se estableció una moratoria unilateral sobre las municiones de racimo, con el fin de prohibir el empleo, desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, conservación y transferencia de esas municiones, y anticipar así de facto los efectos de la Convención sobre Municiones de Racimo en lo que concierne a España.
España fue el décimo país signatario de la Convención en depositar el instrumento de ratificación y el primer signatario en destruir el arsenal de municiones de racimo en posesión de las fuerzas armadas. Además prohibió el comercio exterior de las municiones de racimo desde el mismo momento en que declaró la moratoria unilateral.
Asimismo, la cooperación española adquirió el compromiso de cumplir las disposiciones de la Convención referentes a la cooperación y la asistencia internacionales, sobre todo en relación con la ayuda a las víctimas, sus familias y comunidades a las que pertenezcan, lo que ya se está llevando a cabo.
La pertenencia de España a esta Convención reafirma nuestro compromiso con la paz y seguridad globales y contribuirá, junto a aquellos países que comparten las mismas preocupaciones, a que otros Estados se vayan incorporando a éste y otros acuerdos similares favoreciendo la universalización de unos instrumentos internacionales cuyo objetivo último es el de mitigar el sufrimiento de la población civil en situaciones de conflicto y post-conflicto. En este sentido España está impulsando en todos los foros internacionales en los que participa el respeto por los derechos humanos, que constituyen, por otra parte, los ejes de la política exterior de este Gobierno.